La Comisión de Soberanía y Relaciones Internaciones realizó la primera primera mesa de trabajo del 2020, con la participación de académicos, expertos y profesionales, en la que debatieron las implicaciones sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
En esta cita estuvieron los representantes de organizaciones inmersas en el mundo de la gestión y protección de información. Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), destacó los pilares por los cuales se fundamenta la protección de datos. Resaltó que el proyecto normativo está bien concebido, hace definiciones, reconoce derechos y obligaciones y acoge una serie de conceptos del sistema continental europeo de protección de datos.
Sobre la ley, el profesional dijo que la propuesta es ambiciosa para la realidad nacional, puesto que al contar con elementos de otras legislaciones, en Ecuador sería la primera vez que se implemente una norma específica. En este sentido, dijo que en otros países las normativas ya han presentado una evolución y desarrollo.
Solines afirmó que el sistema de protección de información nacional es deficiente, puesto que no existe marco regulatorio alguno en la actualidad, por lo que enfatizó en que es necesaria y urgente una ley para el país, por el riesgo que corren los ciudadanos.
Para Andrés Burbano de Lara, de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), esta norma es importante. Dijo que como organización han presentado sus observaciones a 26 artículos de la ley, así como sus propuestas o alternativas.
La normativa debe ser explícita en lo referido a libertad de expresión y a la restricción de información, pues de no clarificar dichos conceptos, se podría interpretar de otra forma el sentido de la ley, señaló Burbano. Además habló sobre la institucionalidad que estaría al frente de la regulación, por lo que sugirió que debe ser una entidad autónoma con la participación de los sectores académicos, profesionales y expertos.
Con este criterio coincidió la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático (Aedip). El presidente de este organismo, José Luis Barzallo, sugirió que la institución debe ser independiente por lo que podría ser una Superintendencia.
Sobre la importancia de la ley habló Jacqueline Guerrero, catedrática de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Expresó que en Ecuador la protección de datos ya se encuentra normada en la Constitución de 2008. A estos elementos les hace falta un marco de ley específico para dar funcionalidad al sistema y este debe ser tratado de manera responsable para garantizar lo establecido en la norma constitucional pero sobretodo que el Ecuador se encuentre en los procesos de una sociedad digital.
Por su parte, Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), dijo que esta norma podría poner en riesgo a la Ley de Acceso a la Información. Manifestó que la Ley de Protección de Datos Públicos debe tener un equilibrio entre la protección y el acceso a datos. Sobre este punto dijo que se debe diferenciar entre datos de ciudadanos y de políticos quienes podrían enmarcarse en la ley y evitar procesos de fiscalización.
Finalmente, de parte de la Dirección Nacional de Datos Públicos (Dinardap), Daniela Macías, directora de protección de datos, destacó los aspectos de la ley y los riesgos que el ciudadano corre sin un marco legal específico.
Para continuar con el tratamiento de la propuesta de ley, de parte de la Comisión se establecieron acuerdos para generar foros y más espacios de análisis a fin de escuchar todas las voces y expertos para lograr una ley en beneficio de los ciudadanos.
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